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| Dentro de los 27 heridos, 15 fueron de gravedad, quedando con daños irreversibles, cambiando su vida y la de sus familias para siempre. |
Hace 14 años sucedieron
los hechos y aún no han encontrado la verdadera justicia. Un 28 de mayo del año
2003 casi 2000 agricultores de la Provincia de Barranca salieron a protestar a
las calles en defensa de que no se privatizara el agua y el azúcar; cuando sin
piedad fueron atacados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con Armas
de Fuego, con la orden de sus altos mandos de desbloquear la carretera
Panamericana Norte a la altura del Puente Bolívar, sea como sea. Tal orden dejó
27 heridos, 15 de los cuales fueron de gravedad, quedando muchos de ellos hasta
la actualidad con lesiones irreversibles.
La protesta no solo se dio en esta parte del
norte chico, sino que también se originó en varios departamentos del Perú a
consecuencia de una Gobernación inestable y beneficiosa para los extranjeros
antes que para la propia nación.
Por aquellos tiempos,
el presidente del Perú, Alejandro Toledo Manrique, consciente del desorden
originado por las incansables protestas, declaró en Estado de Emergencia al
Estado Peruano, dejando el control del orden y la tranquilidad a las Fuerzas
Armadas.
Ante esta orden, las
Fuerzas armadas quedaron a cargo de desterrar los disturbios, pero había un
grave problema, y esta era que los militares no contaban con equipos antidisturbio adecuados para hacer frente a la manifestación de civiles, contando solamente con armas de fuego y
municiones de guerra, haciendo uso de 331 fusiles Galil, 2 fusiles Fal. 1 Uzi,
y 5 escopetas de 16 mm, siendo en total 4980 cartuchos calibre 5,56 mm y 15
cartuchos calibre 16 mm los empleados contra los agricultores de Barranca. Así
se dio a conocer en las pruebas presentadas por la Coordinadora Nacional de los
Derechos Humanos, cuando el 5 de abril del año 2013 decide interponer una
denuncia en contra del General de Brigada EP Urías Felipe Prado La Rosa, el
Coronel de Infantería EP, Rafael Moisés La Rosa Guevara, el Comandante General
José Graham Ayllón y el General de Brigada, Leonel Cabrera Pino, en perjuicio
de las 15 personas denunciantes, ya que ellos emitieron las ordenes de ataque
al ser los altos mandos.
Sin embargo, el
Ministerio Público con fecha 12 de abril del 2013, dispuso no formalizar
denuncia penal contra ninguno de los acusados, ya que consideró que los hechos
materia de denuncia habían prescrito al haber transcurrido 9 años de los
acontecimientos, considerando que la pena establecida para este delito es de 8
años.
Ante esta decisión, la
Coordinadora de los Derechos Humanos presenta su Recurso de Queja, argumentando
muchos puntos, siendo uno de ellos la violación del Estado del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, detallando la responsabilidad
de los altos mandos en su accionar contra la integridad de las personas y la
falta de motivación del Estado para investigar claramente los hechos y reparar
a las víctimas de tales acontecimientos que ha perjudicado en algunos aspectos
su vivir diario.
Por ello, el martes 25 de Julio del año en curso, a horas de la tarde, los representantes de la Coordinadora de los Derechos Humanos se reunieron con los agricultores en la Plaza de Armas de la ciudad de Barranca, para otorgarles información correspondiente sobre el caso.
Luego se trasladaron al club, José Olaya, para que los agraviados firmen una autorización que facultará a la Coordinadora de los Derechos Humanos a representarlos en la petición emitida al Comité de Derechos Humanos, donde se denuncia al Estado Peruano por los hechos ocurridos en el Paro Agrario Nacional del año 2003.
AGRICULTORES AFECTADOS FIRMAN LA AUTORIZACIÓN DE SER REPRESENTADOS POR LA COORDINADORA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ANTE LA DENUNCIA INTERPUESTA AL ESTADO PERUANO.
Luego se trasladaron al club, José Olaya, para que los agraviados firmen una autorización que facultará a la Coordinadora de los Derechos Humanos a representarlos en la petición emitida al Comité de Derechos Humanos, donde se denuncia al Estado Peruano por los hechos ocurridos en el Paro Agrario Nacional del año 2003.
AGRICULTORES AFECTADOS FIRMAN LA AUTORIZACIÓN DE SER REPRESENTADOS POR LA COORDINADORA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ANTE LA DENUNCIA INTERPUESTA AL ESTADO PERUANO.
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