COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS DENUNCIA AL ESTADO PERUANO A NOMBRE DE 15 AGRICULTORES DE LA PROVINCIA DE BARRANCA

Dentro de los 27 heridos, 15 fueron de gravedad, quedando con daños irreversibles, cambiando su vida y la de sus familias para siempre.

Hace 14 años sucedieron los hechos y aún no han encontrado la verdadera justicia. Un 28 de mayo del año 2003 casi 2000 agricultores de la Provincia de Barranca salieron a protestar a las calles en defensa de que no se privatizara el agua y el azúcar; cuando sin piedad fueron atacados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con Armas de Fuego, con la orden de sus altos mandos de desbloquear la carretera Panamericana Norte a la altura del Puente Bolívar, sea como sea. Tal orden dejó 27 heridos, 15 de los cuales fueron de gravedad, quedando muchos de ellos hasta la actualidad con lesiones irreversibles.

 La protesta no solo se dio en esta parte del norte chico, sino que también se originó en varios departamentos del Perú a consecuencia de una Gobernación inestable y beneficiosa para los extranjeros antes que para la propia nación.

Por aquellos tiempos, el presidente del Perú, Alejandro Toledo Manrique, consciente del desorden originado por las incansables protestas, declaró en Estado de Emergencia al Estado Peruano, dejando el control del orden y la tranquilidad a las Fuerzas Armadas.

Ante esta orden, las Fuerzas armadas quedaron a cargo de desterrar los disturbios, pero había un grave problema, y esta era que los militares no contaban con equipos antidisturbio adecuados para hacer frente a la manifestación de civiles, contando solamente con armas de fuego y municiones de guerra, haciendo uso de 331 fusiles Galil, 2 fusiles Fal. 1 Uzi, y 5 escopetas de 16 mm, siendo en total 4980 cartuchos calibre 5,56 mm y 15 cartuchos calibre 16 mm los empleados contra los agricultores de Barranca. Así se dio a conocer en las pruebas presentadas por la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, cuando el 5 de abril del año 2013 decide interponer una denuncia en contra del General de Brigada EP Urías Felipe Prado La Rosa, el Coronel de Infantería EP, Rafael Moisés La Rosa Guevara, el Comandante General José Graham Ayllón y el General de Brigada, Leonel Cabrera Pino, en perjuicio de las 15 personas denunciantes, ya que ellos emitieron las ordenes de ataque al ser los altos mandos.

Sin embargo, el Ministerio Público con fecha 12 de abril del 2013, dispuso no formalizar denuncia penal contra ninguno de los acusados, ya que consideró que los hechos materia de denuncia habían prescrito al haber transcurrido 9 años de los acontecimientos, considerando que la pena establecida para este delito es de 8 años.

Ante esta decisión, la Coordinadora de los Derechos Humanos presenta su Recurso de Queja, argumentando muchos puntos, siendo uno de ellos la violación del Estado del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, detallando la responsabilidad de los altos mandos en su accionar contra la integridad de las personas y la falta de motivación del Estado para investigar claramente los hechos y reparar a las víctimas de tales acontecimientos que ha perjudicado en algunos aspectos su vivir diario.

Por tal, en conclusión, la Coordinadora de los Derecho Humanos pide ante el Comité de los Derechos Humanos, en un folio de 64 hojas, se le considere al Estado Peruano responsable por la violación de los artículos 4, 2, 5 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se ordene se otorguen reparaciones a favor de las personas que son señaladas como víctimas.

Por ello, el martes 25 de Julio del año en curso,  a horas de la tarde, los representantes de la Coordinadora de los Derechos Humanos se reunieron con los agricultores en la Plaza de Armas de la ciudad de Barranca, para otorgarles información correspondiente sobre el caso. 

Luego se trasladaron al club, José Olaya, para que los agraviados firmen una autorización que facultará a la Coordinadora de los Derechos Humanos a representarlos en la petición emitida al Comité de Derechos Humanos, donde se denuncia al Estado Peruano por los hechos ocurridos en el Paro Agrario Nacional del año 2003.

AGRICULTORES AFECTADOS FIRMAN LA AUTORIZACIÓN DE SER REPRESENTADOS POR LA COORDINADORA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ANTE LA DENUNCIA INTERPUESTA AL ESTADO PERUANO.