Fuentes de la Policía afirmaron a El Comercio que el preso que ordenó matar a Selene Martinez cumple una pena de 13 años por tráfico ilícito de armas. Aún no se puede revelar el nombre del preso, indicó la fuente, pero se sabe que su alias es "Frejol".
Después de casi un mes de investigaciones, la Policía concluyó que un
interno del penal de Lurigancho ordenó a un sicario asesinar, el pasado
miércoles 17 de mayo, a la sub jefe del centro de salud de esa cárcel, Selene
Martínez Samamé, de 43 años.
Ese día, cuando la trabajadora del Instituto Nacional Penitenciario
(INPE) se encontraba a dos cuadras del penal, recibió dos balazos en la cabeza.
Desde un inicio, los detectives descartaron que se tratara de un robo.
Martínez llevaba cerca de 30 años trabajando en el
sector salud en los penales. Una de sus batallas como profesional fue la lucha
contra el VIH y la TBC que afectaba a los internos.
De acuerdo a las indagaciones, el crimen fue en venganza por los
traslados de presos de Lurigancho a otras cárceles como la de Challapalca, en
Tacna. También en represalia por los cambios dentro del penal que viene
adoptando el Gobierno.
Justamente, hoy empezó una de las modificaciones más importantes en el penal de Lurigancho. De acuerdo a un documento interno al que tuvimos acceso, se supo que 80 empleados del INPE llegaron en la mañana a esa cárcel, que alberga a más de 9 mil presos, para tomar el control. La Policía dejará de hacerse cargo de la seguridad interna del establecimiento penitenciario. Según fuentes del INPE, el viernes la medida se hará oficial.
Justamente, hoy empezó una de las modificaciones más importantes en el penal de Lurigancho. De acuerdo a un documento interno al que tuvimos acceso, se supo que 80 empleados del INPE llegaron en la mañana a esa cárcel, que alberga a más de 9 mil presos, para tomar el control. La Policía dejará de hacerse cargo de la seguridad interna del establecimiento penitenciario. Según fuentes del INPE, el viernes la medida se hará oficial.
Asimismo, funcionarios del Ministerio de Justicia han venido sosteniendo
varias reuniones con los internos para explicarles el proceso de transferencia.
El último sábado, el jefe del INPE, Carlos Vásquez, informó que en el penal de
Lurigancho se instalarán soportes tecnológicos para el registro de visitas y el
control de productos que se ingresan.
La resistencia de los presos al cambio en Lurigancho ha sido evidente.
El 2 de mayo, 50 presos se apoderaron del techo de un pabellón y quemaron
colchones para protestar por los cambios dentro de la cárcel. El 30 de abril,
Jorge Medina, un interno que llevaba 14 años preso se fugó del penal de
Lurigancho con la complicidad de policías. Hasta la fecha, no se sabe cuál es
el paradero de Medina. A él le esperaba afrontar una nueva condena por tráfico
ilícito de drogas.
Fuente: El Comercio
Fuente: El Comercio
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