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La
Sala Penal Permanente decidió aumentar de 22 a 25 años la sentencia del ex
asesor por la desaparición de dos estudiantes y un catedrático
La sala penal permanente de la corte suprema de
justicia elevó la pena de cárcel impuesta al ex asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, de 22 a 25 años, por
la desaparición de dos estudiantes y un catedrático de una universidad en 1993.
Montesinos, quien fue asesor del ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000), fue hallado culpable de la desaparición de dos
estudiantes y un catedrático de la universidad nacional del callao, ocurrido en
1993, por lo que fue sentenciado en el 2016, a 22 años de cárcel.
El ex asesor de inteligencia tiene además otras sentencias por
abusos a los derechos humanos perpetrados por el grupo militar encubierto
colina y por delitos de corrupción cometidos durante el gobierno de Fujimori.
La sala penal permanente de la corte suprema señaló
en este fallo que en la primera instancia judicial no se había realizado
"una correcta determinación judicial de la pena", debido a que
"no había atenuantes que permitan una sentencia por debajo de la
solicitada por la fiscalía".
Además, sostuvo que tampoco se valoró que las
desapariciones responden a delitos de la misma especie, lo que constituye un
"concurso real homogéneo", por lo que decidió elevar la pena
carcelaria a 25 años.
del mismo modo y bajo el mismo argumento, la corte
suprema también aumentó la pena aplicada al ex jefe del comando conjunto de las
fuerzas armadas, Nicolás Hermoza Ríos, de 22 a 23 años; y la del ex jefe de la
dirección de inteligencia del ejército, Jorge Enrique Nadal Paiva, de 15 a 23
años.
Los tres fueron hallados responsables del delito de
desaparición forzada en agravio del catedrático universitario Justiniano Najarro Rúa, y de los estudiantes de la universidad Nacional del Callao, Javier Roca Casas y Kenneth Anzualdo Castro.
Las víctimas habían sido detenidas de manera
individual por una patrulla militar, entre julio y diciembre de 1993, en el
marco de una operación llevada a cabo por el ejército peruano para enfrentar a los
grupos terroristas sendero luminoso y movimiento revolucionario túpac
amaru (mrta).
La sala suprema también confirmó la reparación
civil de un millón de soles que deberán abonar los sentenciados y el ministerio
de defensa del Perú, como tercero civil responsable, a favor de los agraviados y
la sociedad.
El tribunal que emitió este fallo de última
instancia lo presidió el juez supremo, César San Martín Castro, y los magistrados, Víctor Prado Saldarriaga, Jorge Salas Arenas, José Neyra Flores
y Zavina Chávez Mella.
Fuente: El Comercio
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