La
muerte civil, la creación de la Comisión Presidencial de Integridad y la
convocatoria del Consejo de Estado forman parte de las principales medidas
contra la corrupción adoptadas por el Gobierno en sus 100 días de gestión,
según destacó hoy el mandatario Pedro Pablo Kuczynski.
Así,
el Poder Ejecutivo publicó el decreto legislativo que modifica el Código Penal
y el Código de Procedimientos Penales para declarar la inhabilitación
permanente (muerte civil) y la creación del Registro de Condenados
Inhabilitados por delitos contra la administración pública.
Esta
norma es una herramienta jurídica para el combate y represión de la corrupción
dentro del Estado, destacó Kuczynski.
La
disposición establece elevar la pena de inhabilitación principal de 5 a 20 años
para delitos contra la administración pública, vinculados a actos de corrupción
o defraudación de los intereses del Estado asociados a la función pública, como
son el cohecho, la colusión, el tráfico de influencias, el enriquecimiento
ilícito, entre otros.
Asimismo,
crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados, que permitirá que las
entidades públicas antes de contratar a una persona verifiquen si esta mantiene
o no una inhabilitación que lo imposibilite.
Comisión
Presidencial de Integridad
Otra
de las acciones asumidas para luchar contra este flagelo ha sido la
conformación de la Comisión Presidencial de Integridad, que presentará
sugerencias de acciones a tomar frente a este mal endémico.
Deberá
diseñar, también, los mecanismos para monitorear la adopción e impacto de las
propuestas.
Igualmente,
la abogada Julia Príncipe Trujillo fue designada presidenta del Consejo de
Defensa Jurídica del Estado (CDJE), órgano colegiado encargado de dirigir y
supervisar el sistema de defensa jurídica de los intereses del Estado, a cargo
de los procuradores públicos.
Kuczynski
Godard también convocó al Consejo de Estado contra la Corrupción, a fin de
plantear medidas anticorrupción.
Esta
reunión se llevó a cabo el 21 de octubre y participaron, además del Mandatario,
el jefe del Gabinete Ministerial, la titular de Justicia, el presidente del
Poder Judicial y el fiscal de la Nación.
Respecto
a la administración de justicia, el Poder Ejecutivo reabrió el Registro Único
de Víctimas, que permite restablecer el proceso de determinación e
identificación de beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas.
También
se amplió el programa de asistencia legal gratuita para víctimas en situación
de vulnerabilidad.
En
el sector Defensa se implementó una nueva estrategia de seguridad en el Valle
de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), y una Política Nacional de Defensa
y Seguridad Nacional.
En
cuanto al eje de fortalecimiento de la institucionalidad y la lucha contra la
corrupción, la cartera en mención pidió a la contraloría auditorías especiales
al proceso de adquisiciones militares efectuadas en el quinquenio pasado, entre
otras acciones.Andina.pe
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